Trabajo esclavo en la India: tres empresas españolas están incluidas en la ‘lista negra’ | Portal de Economía Solidaria

INDITEX, EL CORTE INGLÉS Y CORTEFIEL

Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a cinco años y que servirá para pagar su dote matrimonial. Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil Nadu, al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por empresas textiles de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre ellas las españolas Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel.

Un exhaustivo y documentado informe elaborado por el prestigioso Centre for Research on Multinational Corporations -una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta a las grandes multinacionales- y el India Committee of the Netherlands -una ONG del mismo país impulsora de la campaña Clean Clothes (Ropas Limpias) contra la explotación vinculada al comercio textil- saca los colores a algunos de los gigantes mundiales de la moda por comerciar con esa presunta red de trabajo esclavo. Entre ellos, Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Inditex -propietaria de Zara- y Cortefiel.

El informe, titulado Captured by cotton (Atrapadas en el algodón), relata el proceso de reclutamiento de miles de niñas y jóvenes indias de entre 14 y 20 años por los grandes fabricantes textiles de Tamil Nadu. La inmensa mayoría de ellas pertenece a los Dalit, la casta más baja de la India, considerada impura y dedicada a tareas marginales con míseros salarios: limpiadores, lavanderos, artesanos callejeros… Las adolescentes son atraídas por sus empleadores con falsas promesas de una vida mejor que incluye comida y alojamiento en las mismas factorías, y empujadas por sus padres por el reclamo de un salario diferido que cobrarán al acabar sus contratos para costear su dote y contraer matrimonio.

Prácticas prohibidas

El pago de una dote fue prohibido por ley en la India en 1961, pero sigue siendo una práctica muy habitual en las zonas rurales y más deprimidas del país. Muchas familias contraen elevadas deudas para poder hacer frente a ese gasto, con la esperanza de que sus hijas -y ellos mismos- salgan de la miseria si logran casarse. En esas condiciones de marginación y pobreza extrema, la oferta de un salario con el que pagar su dote y tres comidas al día es un argumento más que suficiente para que los reclutadores textiles de Tamil Nadu logren atraer cada año a miles de jóvenes a lo que se ha bautizado como Plan Sumangali (la palabra tamil sumangali se aplica a las mujeres solteras que aspiran a casarse, ser felices y verse colmadas de bienes materiales).

De las cuatro grandes fábricas manufactureras que copan la producción en ese estado indio citadas en el informe -Eastman Exports, SSM India, Bannari Amman Group y KPR Mill-, Eastman Exports tiene entre sus principales clientes a Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel. Los autores del estudio, elaborado sobre el terreno con entrevistas a más de un centenar de empleadas y ex trabajadoras, además de sindicalistas, miembros de ONG’s y académicos, revelan que ese conglomerado indio tiene 24 centros textiles y una capacidad de producción de seis millones de prendas de ropa interior al día y otros seis millones de pantalones, faldas y vestidos al mes.

Un portavoz oficial de El Corte Inglés reconoció ayer a El Confidencial que Eastman Exports es uno de los proveedores de la firma presidida por Isidoro Álvarez, pero aseguró que la compañía india ya ha abandonado las prácticas del Plan Sumangali y ha superado con éxito dos auditorías internacionales BSCI (Business Social Compliance Initiative), un sistema ideado por las grandes multinacionales para evitar auditorías múltiples y redundantes a sus principales suministradores. “Eastman Exports, según las auditorías BSCI, sólo comete ahora algunas infracciones leves“, añadió el citado portavoz.

Jornadas laborales interminables

El informe Captured by cotton admite, en efecto, que Eastman Exports suprimió en 2010 el pago diferido a sus trabajadoras, pero añade a continuación que éstas sufren aún prácticas abusivas, muy cercanas a la explotación laboral, por parte de la compañía india. Entre otras, una semana laboral de 72 horas, con jornadas forzosas de 12 horas diarias durante los picos de producción y sin recibir a cambio compensación económica; libertad de movimientos estrictamente restringida al interior del complejo textil, que sólo pueden abandonar una vez al mes y bajo vigilancia; contratos exclusivamente verbales que son frecuentemente violados por la empresa y prohibición expresa de afiliarse a un sindicato.

Desde Inditex, por su parte, aseguraron que el informe fue analizado en junio de 2011 por la Ethical Trading Initiative (ETI), una organización internacional con sede en Londres que combate la explotación laboral, y de la que forma parte la multinacional gallega fundada por Amancio Ortega. “Inmediatamente se adoptaron acciones preventivas para impedir que cualquiera de las situaciones de riesgo señaladas en el informe se pudieran llegar a producir”, señaló ayer un portavoz de la compañía. “Tras nueve meses de trabajo, el resultado final apunta a que las situaciones de riesgo están ahora monitorizadas y se persiguen de forma eficaz las irregularidades”, añadió.

Precisamente el pasado miércoles, durante la presentación en Madrid de los resultados de Inditex en 2011, un periodista de la televisión pública francesa France 2 preguntó al presidente de la compañía, Pablo Isla, por qué permite el trabajo infantil en algunos de sus proveedores indios, y aseguró que la cadena emitirá en mayo un documental en el que supuestamente se demuestra que Inditex tolera la explotación de niños de 14 años. Isla respondió que esas preguntas eran “improcedentes” y estaban “fuera de lugar”.

Por último, un portavoz de Cortefiel, otra de las firmas españolas que comercia con Eastman Exports, señaló que la compañía textil india “es un proveedor de clase A que cumple todos los certificados y que no está dando problemas”. El mismo portavoz añadió que Cortefiel “no ha detectado esas deficiencias que menciona el informe”, y que el grupo -propietario de marcas como Springfield, Women’secret o Pedro del Hierro- “no tolera en sus proveedores comportamientos socialmente inaceptables”.

mi mesa cojea: 10 cosas que en España parecen normales

3 de enero de 2013

10 cosas que en España parecen normales

1. Que financiemos con dinero público emisiones televisivas de Hollywood sin cortes publicitarios al mismo tiempo que se privatiza la sanidad pública alegando que “hay que ahorrar”.

2. Que los gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, contraten cada vez más estudios a “consultorías independientes”, generalmente multinacionales, para que les digan cómo deben proceder en toda clase de asuntos. 

3. Que más de 300 políticos españoles estén imputados en casos de corrupción

4. Que los dos partidos más corruptos sean los más votados y los que más discursos moralizantes contra la corrupción dan. 

5. Que, según la encuesta sobre las preocupaciones de los españoles que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas, los políticos ocupen en puesto que hasta hace unos años ocupaba ETA

6. Que la gente se suicide por no poder pagar la hipoteca mientras se inyecta dinero público a Bankia, en quiebra por culpa de la corrupción política

7. Que los detenidos sigan siendo sometidos a régimen de incomunicación a pesar de las reiteradas denuncias del relator contra la tortura de la ONU y Amnistía Internacional. 

8. Que cada partido que llega al poder, nacional y autonómico, cambie a capricho a los directivos de las radio-televisiones públicas para que cumplan con sus objetivos propagandísticos.

9. Que buena parte de los cargos electos no acepten preguntas de los periodistas como norma general. 

Baleares avanza en su plan para privatizar los parques naturales | Sociedad | EL PAÍS

“Había gente acostumbrada a vivir del medio ambiente y se ha acabado”. Biel Company, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de Baleares, uno de los “duros” del Gobierno del PP, responde así a las críticas de los grupos ecologistas sobre los recientes despidos de personal de las empresas públicas dependientes de su departamento y avanza en su plan para privatizar de manera progresiva la gestión de los servicios de los parques naturales de la comunidad.

Biel Company quiere “implicar a la propiedad privada” en las tareas de protección de los ámbitos naturales y señala que un 80% de los terrenos está en manos de particulares. Según él, se ha vivido una etapa en la que “se perseguía a los propietarios como si fueran auténticos enemigos” y está dispuesto a ponerle fin. El consejero, empresario y expresidente de la patronal agrícola Asaja en Baleares, fue tiempo atrás un destacado activista contra las políticas progresistas y organizaba manifestaciones de tractores.

La estrategia gubernamental “de eficiencia” del Gobierno balear, en la que se enmarca la privatización de la gestión de los espacios naturales, pasa por la explotación turística, a través de concesionarios, de la red de parques y ámbitos protegidos, con la intención de que no generen costes a la Administración. Ello implica el cobro de muchas actividades que hasta ahora eran gratuitas, algo que ya se ha empezado a aplicar al implantarse tarifas por amarrar barcos en el parque de Cabrera o por participar en excursiones y cursillos con monitores.

Los recortes y la nueva filosofía del Gobierno balear de José Ramón Bauzá han reducido al mínimo (en alguna zona, en una proporción de seis a uno) las plantillas de vigilantes y de educadores de los parques de Cabrera, Ses Salines de Ibiza y Formentera, Albufera, Llevant y Mondragó de Mallorca, Es Grau de Menorca, Sa Dragonera y el ámbito de la sierra de Tramuntana de Mallorca, patrimonio de la humanidad. La fusión de las sociedades públicas existentes en la red autonómica ha provocado más de dos decenas de despidos, con casos de trabajadores de más 20 años de experiencia como educadores e investigadores.

Los proteccionistas del Grupo de Ornitología Balear (GOB) denuncian que solo se ha mantenido uno los seis técnicos de gestión que había en Tramuntana, alertan de que ha quedado casi sin vigilancia el parque de Sa Dragonera y advierten de que se ha suprimido el seguimiento biológico en la Albufera de Mallorca, Es Grau de Menorca y Ses Salines de Ibiza y Formentera.

Según el GOB, “se pone en riesgo la conservación de los más valiosos espacios naturales de las islas”, mientras que Xavier Pastor, director de la organización internacional Oceana, afirma que el Gobierno balear “ha desviado en dos años hasta nueve millones de euros” del Ministerio de Medio Ambiente destinados a la protección del Parque Nacional de Cabrera. Pastor sostiene que “se han reducido los programas de investigación, gestión, interpretación y vigilancia en Cabrera, llevando el presupuesto de inversiones a niveles próximos a cero, dificultando el control de la pesca ilegal y el furtivismo”.

El Gobierno balear reducirá de 13 a cuatro los trabajadores dedicados a la vigilancia, manejo de embarcaciones y mantenimiento de infraestructuras en Cabrera y prepara la rescisión del contrato con la empresa parapública Tragsa, que lleva décadas en el parque. Los educadores han pasado a vender entradas del centro de interpretación en Ses Salines, también en vía de privatización.