Exteriores tutelará la actuación de las autonomías en el extranjero | Política | EL PAÍS

Embajadores con mando e instrucciones

Desde que en julio pasado empezó a circular su primer borrador, el anteproyecto de ley de Acción Exterior ha sufrido múltiples modificaciones. El difícil equilibrio entre los distintos departamentos que actúan en el extranjero —no solo Exteriores, sino también Economía, Empleo, Defensa, Educación o Interior, entre otros— ha obligado a un encaje de bolillos para vencer recelos y evitar susceptibilidades. El proyecto atribuye al embajador la “dirección y coordinación” del servicio exterior en el país donde esté acreditado, pero lo hará “asistido” por agregados, consejeros y técnicos, que dependerán “funcionalmente” de su ministerio de origen. El nombramiento de los agregados lo hará Exteriores, pero la propuesta de los ministerios será “vinculante”.

Las comunicaciones de agregadurías y oficinas técnicas con Madrid se harán a través de Exteriores, pero “por razones de urgencia y eficacia” podrán comunicarse directamente con sus ministerios, aunque deberán informar al embajador.

Las embajadas tendrán una sección de servicios comunes que agrupará a todo el personal administrativo y auxiliar, pero la integración de oficinas técnicas y agregadurías en la sede diplomática solo se hará en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y los propios inmuebles.

Uno de los puntos más conflictivos del texto es su propósito de homologar las retribuciones, condiciones de trabajo, permisos, vaciones y asistencia social de todos los funcionarios destinados en el exterior, independientemente de su ministerio de origen. Dadas las notables diferencias entre unos y otros, hay serias dudas de que esta fórmula se mantenga en su redacción definitiva.

El embajador recibirá, en el momento de su nombramiento, una “carta de instrucciones” con las directrices del Gobierno. Por su parte, la Comisión de Exteriores del Congreso podrá solicitar su comparecencia, “en sesión reservada”.

Una de las principales novedades del proyecto es la creación de una inspección única del servicio exterior que dependerá del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se prevé la creación de un Grupo de Emergencia Consular en caso de guerra, crisis bélica o desastre natural; y se abre la puerta a reclamar el desembolso de las cantidades abonadas a un tercero para rescatar a españoles que se expongan voluntariamente a riesgos sobre los que hayan sido advertidos por Exteriores, como ya adelantó Europa Press. Estos reembolsos no incluirán, según las fuentes consultadas, el pago a secuestradores.